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La respuesta que sostiene la evidencia disponible es que fueron ambas cosas, en planos distintos. El bitcoin tuvo resultados débiles frente a sus metas declaradas de pagos cotidianos, remesas e inclusión financiera. Desde 2025, el Estado cambió el diseño legal e institucional de la experiencia: la aceptación pasó a ser voluntaria para actores privados y el Estado empezó a salir de Chivo. Ese cambio es un ajuste de política sustancial, pero no demuestra por sí solo que todo el proyecto fracasara, y tampoco permite atribuir el crecimiento económico reciente al bitcoin.
Qué cambió en la ley
El Decreto Legislativo No. 199 fue aprobado el 29 de enero de 2025, sancionado al día siguiente y publicado en el Diario Oficial (núm. 21, tomo 446) el 30 de enero de 2025. La reforma entra en vigor 90 días después de su publicación. Es la fuente primaria para cualquier afirmación sobre el texto legal.
De aceptación obligatoria a aceptación voluntaria
La ley original obligaba a aceptar bitcoin como forma de pago. La reforma cambia esa lógica. El texto conserva la expresión «curso legal» en el artículo 1, pero delimita su aplicación: la aceptación queda en manos de personas naturales o jurídicas de participación totalmente privada, y solo cuando quien adquiere un bien o servicio se la ofrece. El artículo reformado lo dice así:
«Únicamente las personas naturales, o jurídicas con total participación privada, podrán aceptar Bitcoin, como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere un bien o servicio o para el pago de cualquier obligación monetaria.» (Artículo 4 del Decreto Legislativo No. 199, que reforma el artículo 7 de la Ley Bitcoin)
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Otros cambios del decreto
- Obligaciones monetarias del Estado: las obligaciones monetarias del Estado, nacionales y extranjeras, deben pagarse en las monedas en que se contrajeron.
- Derogaciones: quedan derogados los artículos 4, 8 y 9 de la Ley Bitcoin.
- Participación pública limitada: el decreto restringe la participación del sector público en la aceptación y el uso del bitcoin.
Un matiz de redacción importa. Varios documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI) describen la reforma como el retiro del estatus de moneda de curso legal o la eliminación de sus rasgos esenciales. Es un resumen atribuible al FMI, no una cita literal de la ley. Para entender el alcance jurídico, conviene leer el texto: la expresión «curso legal» sigue ahí, aunque la obligación de aceptación desaparece.
Qué prometía el proyecto
El proyecto se presentó como una vía para ampliar el acceso financiero de personas no bancarizadas y de negocios informales, acelerar transacciones y hacer que las remesas fueran más fáciles, rápidas y baratas. Para impulsarlo, el gobierno lanzó la billetera estatal Chivo y ofreció a los ciudadanos una asignación inicial equivalente a US$30 en bitcoin, según el FMI (Country Report No. 25/58, febrero de 2025).
Qué muestran los datos de uso
Las mediciones más claras corresponden a la etapa inicial del experimento y a estudios publicados antes de la reforma. Dos fuentes coinciden en varios indicadores.
| Indicador | Resultado | Fuente, fecha y alcance |
|---|---|---|
| Empresas encuestadas que aceptaban bitcoin | 20 % | FMI, 2025 (mediciones de la etapa inicial); estudio de Yale School of Management y Cowles Foundation, muestra de firmas |
| Ventas pagadas en bitcoin | 4,9 % | FMI, 2025; estudio de Yale y Cowles Foundation, datos del experimento temprano |
| Remesas transferidas mediante billetera cripto | 1,2 % | FMI, 2025; cifra histórica citada en el informe, no una medición posterior a la reforma |
| Negocios que recibían bitcoin y lo convertían a dólares | 88 % | Estudio de Yale y Cowles Foundation, combinando encuestas, operaciones de Chivo registradas en blockchain y datos oficiales de remesas |
| Negocios que, después de convertir, retiraban los fondos en efectivo | 71 % | Mismo estudio; el resumen disponible no precisa sobre qué base se calcula este porcentaje |
El FMI atribuyó el uso mínimo a varios factores: la volatilidad de precios, el uso moderado de internet móvil y la confianza limitada en la tecnología. Los autores del estudio de Yale y Cowles describen los pagos digitales como escasos y concentrados, y señalan preocupaciones de privacidad y transparencia entre los obstáculos. Ninguna de estas fuentes es una encuesta de uso posterior a la reforma de 2025.
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Costo fiscal y tenencias públicas
El FMI calculó en su informe de febrero de 2025 que operar Chivo costaba alrededor de 0,1 por ciento del PIB, y que la agencia estatal gestionaba 6.070 bitcoins, valorados entonces en cerca de 2 por ciento del PIB. Son cifras de aquel momento. El valor en dólares y su peso frente al PIB fluctúan con el precio del bitcoin, así que no sirven como inventario actual ni como cuenta final del costo del proyecto.
Lo que dice la evidencia sobre la percepción pública
Un estudio revisado por pares publicado en 2026 en el Journal of Business and Socio-economic Development encontró percepciones desfavorables de la Ley Bitcoin y de su implementación, medidas con una encuesta en línea. Sus propios autores reconocen que tuvieron 218 respuestas utilizables y que la muestra sobrerrepresentó a personas con educación superior y a residentes de San Salvador. Es un indicio útil sobre cómo se percibió la ley entre ciertos grupos, pero no una medición nacional representativa.
El giro institucional de 2026
Acuerdo a nivel de personal, septiembre de 2026
El 3 de septiembre de 2026, el FMI anunció un acuerdo a nivel de personal sobre las revisiones segunda y tercera de su programa. Ese acuerdo estaba sujeto a aprobación de su Directorio y a acciones previas. Describía al gobierno conservando una participación minoritaria en Chivo y responsabilidades de custodia de activos de clientes.
Directorio Ejecutivo, octubre de 2026
El 1 de octubre de 2026, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó la segunda y tercera revisiones y confirmó que ya se había completado la transferencia de la propiedad mayoritaria y del control de Chivo a un operador privado. Esta revisión es posterior al anuncio de septiembre, así que prevalece sobre ella en lo que respecta a la transferencia mayoritaria.
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Lo que sigue pendiente también está en esa revisión: la exposición residual del sector público debe deshacerse por completo. El Directorio no prevé acumular más bitcoin aparte de las donaciones documentadas, y pone prioridad en la transparencia y la divulgación de las tenencias públicas, además de la regulación, supervisión y gobernanza de los proveedores de criptoactivos.
El programa del que forma parte
El programa ampliado del FMI fue aprobado en febrero de 2025, con acceso de aproximadamente US$1.400 millones desembolsado por etapas. La reforma de la Ley Bitcoin se produjo dentro de ese marco, y sus compromisos incluyen limitar la participación pública, el uso de impuestos y la aceptación privada voluntaria. Es correcto describir la secuencia como parte de la condicionalidad y de la negociación del programa. Atribuir todos los motivos internos del gobierno a una sola presión, en cambio, excede lo que muestran la ley y los comunicados del FMI.
Cómo juzgar «fracaso o ajuste»
La pregunta se responde mejor separando las promesas en dimensiones. Cada una tiene un veredicto distinto.
Pagos y aceptación
Aquí el veredicto es claro: el uso fue reducido y concentrado en los primeros años. Una parte importante de los ingresos recibidos en bitcoin se convirtió a dólares y se retiró en efectivo, lo que indica que el bitcoin funcionó más como canal de recepción que como moneda de uso cotidiano.
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Inclusión financiera
Las fuentes citadas no muestran una mejora visible atribuible al bitcoin. Conviene distinguir entre tener una billetera descargable y superar las barreras reales de acceso: conectividad móvil, confianza y costumbre de uso. La existencia de la aplicación no equivale a inclusión.
Remesas
La proporción de remesas transferidas mediante billeteras cripto fue baja en los datos que cita el FMI. Ese dato no es un balance de todas las vías de envío ni una medición actual, así que no basta para juzgar el peso de las remesas en la economía.
Costo, exposición y transparencia
Es útil separar dos tipos de cifras. Las del FMI de 2025 describen costos y tenencias de aquel momento. Las revisiones de 2026 hablan de obligaciones y compromisos: deshacer la exposición residual, no acumular más y divulgar las tenencias. Al leer cualquier cifra, conviene preguntarse si describe un hecho histórico o una meta de política.
Cambio legal e institucional
Eliminar la obligación de aceptar bitcoin, transferir el control de Chivo y limitar la acumulación pública son cambios sustanciales de estrategia. Ese viraje es un ajuste de política. No borra, sin embargo, los resultados débiles frente a los objetivos iniciales.
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Resultados macroeconómicos generales
En su acuerdo de septiembre de 2026, el FMI proyectó un crecimiento real de 4,5 por ciento para 2026 y mencionó como motores la inversión, el consumo privado, las remesas, el turismo y las entradas de capital. La proyección no identifica al bitcoin como fuente de crecimiento, así que no es una base para atribuirle resultados macroeconómicos.
Independent reader supportYour contribution helps us test, update, and keep practical guides available for everyone.Qué implica para quien paga, cobra o envía dinero
Para una persona que vive o trabaja en El Salvador, el cambio legal tiene consecuencias prácticas, aunque limitadas por lo que aún no se ha medido:
- Si cobra: aceptar bitcoin es ahora una decisión voluntaria de la empresa o del particular, no una obligación. Antes de aceptarlo, conviene confirmar cómo se convertirá el ingreso y en qué plazo.
- Si paga: ningún comercio privado está obligado a recibir bitcoin, y las obligaciones monetarias del Estado se pagan en las monedas en que se contrajeron.
- Si envía o recibe remesas: el dato disponible sobre remesas por billetera cripto es histórico y bajo. Las condiciones actuales de cada canal deben verificarse directamente con el proveedor.
Qué no permite afirmar la evidencia
- No existe una serie independiente y representativa de uso cotidiano posterior a la reforma de 2025, así que el nivel actual de pagos en bitcoin no está medido.
- No existe una cuenta fiscal final consolidada del proyecto.
- Las cifras de aceptación y pagos corresponden a la etapa inicial y a estudios previos a la reforma; no deben leerse como la situación de 2026.
- La reforma no eliminó toda tenencia ni toda exposición pública. Según la revisión de octubre de 2026, la exposición residual todavía debe deshacerse por completo.
La formulación más justa, con la evidencia disponible, es esta: El Salvador corrigió el diseño legal e institucional después de que el uso observado quedara muy por debajo de las ambiciones de pago e inclusión. Esa corrección no permite atribuir al proyecto ni el crecimiento macroeconómico posterior ni un costo fiscal final completo.
Para el lector que busca una frase de búsqueda concreta, el título original, «¿Fracaso o ajuste?», resume bien la pregunta. Las preguntas más útiles para seguirla son: qué cambió en la Ley Bitcoin, por qué se reformó y si el bitcoin se usa para pagar en El Salvador.
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